Nueva ley del alquiler de vivienda: Volviendo a tropezar en la misma piedra

 

Nueva ley del alquiler de vivienda: Volviendo a tropezar en la misma piedra

El problema de la vivienda no es sólo económico. Es más profundo. Es doctrinal y antropológico. La vivienda no es una mercancía cualquiera, sino un bien de arraigo, inseparable de la familia y de la estabilidad social.

Recientemente hemos sabido que la Generalitat vuelve a legislar sobre el alquiler de la vivienda con la convicción, tan moderna como infundada, de que los problemas reales se corrigen ajustando cifras en un índice administrativo. Ahora se limitan también los alquileres de temporada y por habitaciones, como si el mal residiera en el tipo de contrato y no en la realidad material que lo precede. Se presenta la medida como protección social, pero no es más que otra reiteración del mismo error doctrinal: atacar el precio, que es el síntoma, mientras se preservan intactas las causas de la escasez.

La vivienda es cara porque es escasa. No al revés. Y es especialmente escasa la vivienda para vivir, porque la destinada a otros usos está devorando gran parte de la oferta. El precio no es una causa autónoma, sino un efecto. Fijarlo por decreto no crea viviendas, del mismo modo que fijar el precio del pan no hace crecer el trigo. Con una diferencia: fijar el precio del trigo permite moderar el precio del pan, y prevenir la especulación. Pero aquí se pretende regular el efecto obviando su causa eficiente. El legislador persiste en la superstición de que la realidad obedece al boletín oficial. Lo cual no desprestigia la eventual eficacia de los controles de precio, pero los condiciona estrictamente a la lógica de la cadena causal que desemboca en el precio que se pretende controlar. De nuevo, la brillante distinción aristotélico-tomista: causa eficiente, causa final, causa material, causa formal: las grandes desconocidas del liberalismo, donde todo es mecánico, bien sea por la omnímoda voluntad individual (liberalismo “derechista”) o por la omnímoda iniciativa estatal – que no colectiva ni social -  (liberalismo “izquierdista” o mal llamado “social”).

Pero el problema no es sólo económico. Es más profundo. Es doctrinal y antropológico. La vivienda no es una mercancía cualquiera, sino un bien de arraigo, inseparable de la familia y de la estabilidad social. La tradición carlista entendió esta verdad con mayor realismo que los gobernantes contemporáneos. Para el pensamiento foral, la propiedad no era un fetiche liberal ni un botín estatal, sino un derecho concreto, enraizado en la costumbre y protegido por la comunidad. La vivienda era asunto del municipio, no de ingenieros sociales. El carlismo defendió siempre el municipio fuerte y la subsidiariedad real, porque sabía que sin arraigo no hay orden, y sin orden no hay justicia social posible.

Nada de esto aparece en la nueva normativa. El municipio queda relegado, mientras la Generalitat acumula índices, sanciones y definiciones cada vez más abstractas. Se legisla sobre contratos porque no se quiere legislar sobre suelo, burocracia, fiscalidad, especulación ni equilibrio territorial. Construir es caro, lento y fiscalmente castigado; rehabilitar, una carrera de obstáculos; poseer vivienda habitual, una fuente permanente de gravamen. Y luego se finge sorpresa ante la escasez.

A ello se suma una política territorial radicalmente antitradicional: la aceptación acrítica de la concentración masiva en grandes ciudades. Se vacía el territorio, se centralizan servicios, se fuerza a generaciones enteras a vivir donde no deberían, y después se intenta contener el resultado con controles de alquiler. Santo Tomás habría llamado a esto legislar sobre una anomalía, no sobre el orden natural.

Esta ley no es un error aislado. Es coherente con una cosmovisión equivocada que confunde justicia con control, doctrina con técnica y bien común con gestión administrativa. No es una ley de vivienda, sino otra ley contra la vivienda, porque ignora las causas reales de su carestía, y ahonda en todo aquello que la hace escasa.

Como tantas veces en la historia, el poder combate los efectos mientras protege las causas. Y luego se extraña de que la realidad —esa vieja carlista— no obedezca.

Gonzalo J. Cabrera