Nuevo régimen sancionador contra los propietarios que incumplan los límites de precios previstos por la Ley de la Vivienda

Buena sintonía: el President Illa (PSC) le dice a Jéssica Albiach (Comuns) lo que ella quiere escuchar.

 

 

Nuevo régimen sancionador contra los propietarios que incumplan los límites de precios previstos por la Ley de la Vivienda

Entrará en vigor durante 2025, según ha anunciado el presidente «autonómico» Salvador Illa durante la sesión de control en el sucedáneo de Parlamento del Principado.

 

Barcelona (Agencia FARO).— Cataluña será la primera «comunidad autónoma» (sic) en disponer de un régimen sancionador contra aquellos arrendadores que incumplan los límites de precios de alquileres previstos en la Ley de la Vivienda. Tal régimen se redactará y entrará en vigor el próximo 2025.

Así lo ha anunciado el socialista Salvador Illa, presidente de la (mal llamada) Generalidad, durante su comparecencia en la sesión de control del miércoles 18 de diciembre de 2024, ante el sucedáneo liberal de Parlamento del Principado.

Illa ha declarado que «Cataluña será en 2025 la primera comunidad en disponer de un régimen sancionador. Hay que desplegarlo sin temblor en las piernas». Ha añadido que «la ley está para cumplirla y las viviendas son para vivir en ellas. Ésta es la prioridad. Por tanto, desplegaremos y aprobaremos al margen de la ley de acompañamiento de los Presupuestos un régimen sancionador, lo haremos lo antes posible». Y ha concluido afirmando que su medida se trata de «un mensaje que va para los que quieren especular».

Estas declaraciones han respondido a la pregunta de Jéssica Albiach, de los Comuns (el partido de Ada Colau), sobre el régimen sancionador exigido por su partido en las negociaciones de los Presupuestos de la Generalidad de 2025.

Albiach ha celebrado la respuesta de Illa como una «buena y sobre todo necesaria noticia», pero al mismo tiempo le ha indicado la necesidad de que este régimen sancionador entre en vigor cuanto antes, «en enero», y también le ha pedido «trabajar conjuntamente» en la redacción de su articulado. «No puede haber ni una brecha», ha afirmado la portavoz Comuna.

Esta buena sintonía del gobierno socialista con los Comuns contrasta con los reproches emanados por la representante de la CUP (ultraizquierda secesionista), Laia Estrada, quien ha reprochado a Illa lo contradictorio —en su opinión— de querer garantizar el derecho a la vivienda pero, al mismo tiempo, mostrarse incapaz de aprobar un impuesto especial para «aquellos que compren vivienda al por mayor».

La anunciada aprobación de este régimen sancionador supone, por un lado, una cesión del gobierno socialista de Salvador Illa a sus socios de legislatura de los Comuns. Ello, unido al rotundo triunfo de Oriol Junqueras en las elecciones internas de ERC, fortalecen la «estabilidad institucional» del gobierno socialista apoyado por sus dos socios de izquierdas, tal como adelantó LA ESPERANZA en mayo pasado cuando analizó el resultado de las «elecciones» (sic) del 12 de mayo de este año.

Y, por otro lado, supone también el liderazgo de los Comuns en la defensa y control del «movimiento por la vivienda», contra el intento de la CUP de disputarle protagonismo, tal como informó la Agencia FARO el pasado 1 de diciembre.

Los carlistas no podemos compartir este intervencionismo estatal en la regulación de la vivienda, que será ineficaz y conseguirá el efecto contrario al aparentemente deseado. Ni tampoco podemos defender su liberalización, que encumbra los medios como si fueran fines e idolatran los pecados —la codicia— y los vicios —el egoísmo— como si fueran virtudes.

Ambas posturas, la estatalista y la liberal, son aparentemente contradictorias pero en realidad comparten unos mismos principios: ambas rompen el orden natural en lo económico tal como recordó el Círculo carlista catalán recientemente.

Agencia FARO / Círculo Tradicionalista Ramón Parés y Vilasau (Barcelona)