Crisis ferroviaria en Cataluña: huelga de maquinistas para los días 9, 10 y 11 de febrero

Accidente del tren de cercanías de la linea R4 en Gelida, el pasado 20 de enero de 2026.

 

Crisis ferroviaria en Cataluña: huelga de maquinistas para los días 9, 10 y 11 de febrero

Centralismo y secesionismo, dos gestiones ideológicas y fallidas, han desmantelado el servicio público y atrapado al ciudadano en su disputa por el poder.

La red de cercanías ferroviarias de Cataluña, Rodalies, continúa sumida en una crisis prolongada que ya supera las tres semanas y que combina fallos técnicos, accidentes, interrupciones del servicio y ahora una huelga general de maquinistas prevista para los próximos 9, 10 y 11 de febrero.

Desde el accidente del tren de Alta Velocidad en Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas, y desde el siniestro de Cercanías registrado dos días después en la línea R4, entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia —donde un tren descarriló a causa de un desprendimiento de tierras y murió un maquinista en prácticas—, el servicio de Rodalies no ha logrado recuperar la normalidad.

La situación es particularmente grave en líneas críticas como la R2 Sur, que conecta el aeropuerto de El Prat con Barcelona y que ha sufrido cortes recurrentes por obras mal planificadas, y la R4, cuya antigüedad y saturación son ya crónicas. Renfe y Adif, empresas públicas bajo la órbita del Ministerio de Transportes, alegan falta de recursos y un envejecido patrimonio ferroviario. Por su parte, la Generalitat, con competencias transferidas en materia de transporte pero no sobre las vías, exige más control y acusa a Madrid de estrangular el servicio para socavar la autonomía catalana.

Mientras tanto, el ciudadano de a pie, el obrero que va a su fábrica, la estudiante que acude a la universidad o el comerciante que se desplaza a la capital, paga el pato con retrasos diarios, cancelaciones sin aviso y un hacinamiento que vuelve el viaje en una pesadilla.

Además del transporte de viajeros, el caos se ha extendido al transporte de mercancías, con un desplome del 80% del tráfico de trenes de carga a través del túnel del Pertús, afectando al puerto de Barcelona y provocando un aumento del tráfico de camiones en la AP-7 y pérdidas económicas considerables.

La gravedad de la situación ha llevado incluso al secretario de Transportes del Gobierno a trasladarse a Barcelona para coordinar con la Generalitat las acciones destinadas a restablecer Rodalies. Por su parte, la consellera de Territori mantiene que la normalización del servicio está en marcha, aunque sin una fecha clara en firme.

A este panorama se suma ahora la convocatoria de huelga de maquinistas para los días 9, 10 y 11 de febrero. Los sindicatos ferroviarios exigen mejoras urgentes en la seguridad y en las infraestructuras del sistema ferroviario español, en respuesta al aumento de incidencias y accidentes que, según ellos, ponen en riesgo tanto a trabajadores como a viajeros. La protesta afecta al conjunto del sector, incluyendo Renfe, operadores privados y servicios de mercancías.

La vía del carlismo

La presente crisis del ferrocarril en Cataluña es la consecuencia lógica y terminal de dos modelos políticos igualmente fallidos y antinaturales, que han desguazado el servicio público y han convertido al ciudadano en rehén de su lucha por el poder. Es consecuencia de una gestión ideologizada donde la pugna entre el Gobierno central y la Generalitat ha primado sobre la necesidad básica de que los trenes funcionen, degradando un servicio esencial hasta el colapso.

Por un lado, opera el centralismo jacobino y liberal emanado de Madrid, que trata a Cataluña como una simple «Comunidad Autónoma» [sic] en un tablero homogéneo. Este centralismo invierte desde la lógica del favor político o la grandilocuencia propagandística —obsesionado con megaproyectos faraónicos–, nunca desde el respeto a las peculiaridades forales y la subsidiariedad. La red ferroviaria es su metáfora perfecta: todo debe converger y depender de un centro único, creando nodos de poder y puntos únicos de fallo. Cuando ese centro, sumido en la desidia endémica y la burocracia ineficiente, descuida, todo el sistema se paraliza. Es el mismo abandono que ha llevado a tener el parque de trenes más viejo de Europa, un símbolo de la España desvertebrada en su decadencia.

Por otro lado, el nacionalismo secesionista de la Generalitat, en su ansia por forjar una state-building confrontativa, ha completado el círculo del desastre. Ha convertido un servicio público esencial en un campo de batalla simbólico y un arma arrojadiza. Su objetivo no ha sido la eficiencia y el bienestar de los usuarios, sino la acumulación de competencias como trofeos políticos, aunque ello signifique ahondar en la confrontación y el perjuicio real de los ciudadanos a los que dicen servir. Así, el viajero se convierte en el damnificado permanente de una lucha donde lo único que se construye es relato, nunca calidad de servicio.

Frente a este doble fracaso —el centralismo abstracto y el nacionalismo disgregador—, el carlismo siempre ha defendido una vía distinta, hoy más vigente que nunca: la de los fueros. La solución no está en que «Madrid» controle más con su lógica homogenizadora, ni en que «Barcelona» la imite en su liberalismo y construya una miniaturización del mismo error. La solución, la única sensata, radica en reconocer a Cataluña (y al resto de territorios de España) su autonomía orgánica y real en la gestión de sus asuntos cotidianos —como el transporte—, en una unión basada en la lealtad, la subsidiariedad y la corona tradicional. Un modelo foral garantizaría que los recursos generados se invirtieran localmente con eficacia y transparencia, lejos de la rapiña y de la ineficacia de unos y otros. Sería la gestión próxima y responsable: la que sabe que un tren que no llega a tiempo a Valls o a Manresa es un fracaso cotidiano que no se puede esconder la política ideologizada.

Mientras el viajero maldice entre la muchedumbre, dos ideologías modernas —el centralismo liberal y el nacionalismo secesionista— han provocando la actual descomposición social. Quizás sea hora de recordar que España no es ni una uniforme ni múltiplemente enfrentada, sino una y diversa, unida por el respeto a sus tradiciones y libertades concretas.

Ese tren, el de la España foral y tradicional, tampoco debería haber descarrilado. Restaurar sus vías, frente al desmantelamiento social que practican ambas ideologías, es nuestro desafío.

Agencia FARO / Círculo Tradicionalista de Barcelona Ramón Parés y Vilasau